Una crisis de seguridad innegable, que se refleja en los medios de comunicación a través de los partes policiales, se está viviendo en el noroeste bonaerense sindicándose al avance del narcotráfico –advertido por la Iglesia, por ejemplo, a fines de 2013 y que, entre otros, supuso que el obispado de esa confesión con más base territorial en la región, recibiera en Nueve de Julio a concejales de distintos distritos para abordar la preocupante situación, a comienzos de 2014 – y los estragos que hace entre la juventud, así como delitos contra el campo sobre los que no se descartan móviles políticos.

Carlos Casares
Casarense denominados “Vecinos Autoconvocados” se dieron cita el miércoles 24 en plaza San Martín haciendo entrega de un petitorio sobre el tema al jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, extensivo a las conducciones de la fuerza policial regional y local y en el que se le reclama que se haga cargo de la seguridad «porque usted es la máxima autoridad”. Torchio respondió que no tiene control sobre la Policía y apuntó a los Jueces bonaerense como los grandes “responsables de dejar en libertad a quienes delinquen”.
Asimismo, además de los denominados “delitos urbanos” – que últimamente han asolado a Bragado, por ejemplo, perpetrados incluso a plena luz del día, con inteligencia previa, según afirman autoridades policiales, y con armas de fuego – hay una creciente hostilidad contra el sector rural con “entraderas” a los campos, roturas de silos bolsa, pintadas amenazantes en sedes de las agremiaciones de productores y faenamiento de ganado en pie como ha ocurrido en los distritos de Casares y Nueve de Julio, así como en el propio territorio bragadense en donde, en inmediaciones de la pequeña localidad de Olascoaga, se intentó quemar viva a una mujer luego de cometerse un ilícito contra su propiedad, como para borrar toda huella.

Junin
Más al norte, a Junín llegó la Gendarmería Nacional para instalarse sobre la ruta nacional 7, una presencia que el intendente Mario Meoni celebró adjudicándose el pedido de asentamiento de la fuerza federal en su jurisdicción pero que pone sobre el tapete el crecimiento de hechos delictivos de todo calibre.

Bragado
En lo que respecta a Bragado, como se señalaba, ante la ola delictiva debió pedirse el refuerzo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la regional Pehuajó. En tanto el responsable de la dependencia distrital de la Policía Comunal – o sea que depende del Intendente Municipal de acuerdo a la Ley de Policías de la Provincia de Buenos Aires – también se manifestó en la línea de acusar a la Justicia: “No tengo dudas de que los autores de los hechos son gente que nosotros ya detuvimos antes y la Justicia los liberó”, dijo. Por su parte, el intendente San Pedro, al librar al servicio nuevos patrulleros, afirmó que “lo único que no se puede hacer en este tema es bajar la guardia porque cuando uno se ‘achancha’ pasan estas cosas” a la vez que apuntó contra los propios efectivos policiales a su cargo al señalar que está “convencido que los móviles no se cuidan como se deben; porque yo pregunto, todos abollados, cuantas persecuciones hacen por día para estar como están?”
En ese clima, la oposición política bragadense, expresada en las bancadas de radical y del PRO en el Concejo Deliberante, Llevarán la acuciante cuestión al recinto de sesiones en el que será tratada en las extraordinarias de marzo a través de diferentes iniciativas legislativas.
“El Estado municipal con el Intendente como jefe de la policía comunal y responsable máximo de la seguridad de todos los vecinos, debe observar y gestionar ante las autoridades provinciales y nacionales, todo lo concerniente a dotar a la ciudad de las medidas que terminen con esta ola de hechos, que colocan a todo el partido de Bragado en emergencia”, dijeron desde el Bloque de Concejales de ‘Unión PRO Bragado’ que encabeza el edil Aldo Expósito y, por su parte, desde el Radicalismo, el concejal Martín Acosta reclamó “información para llevar tranquilidad a la comunidad y para proponer medidas alternativas a fin de garantizar que todos podamos vivir seguros y en paz”.
Reafirmadas las expresiones de la oposición bragadense por Fernando Neri, titular de la bancada radical que especificó el pedido acerca de saber “cuáles son las políticas de seguridad pública en el ámbito del distrito elaboradas por la Dirección de Seguridad, el resultado de su aplicación y planes de prevención de actividades y hechos delictivos, la existencia de un mapa del delito y las políticas de seguridad pública destinadas específicamente al área rural del Partido de Bragado”, en definitiva “si se ha cumplido con la Ley, porque de ello depende la Seguridad de nuestros vecinos”.

Leandro N. Alem
Por último en el Partido de Leandro N. Alem, lindante con la Provincia de Santa Fe, causa preocupación la importante eclosión del delito rural . Esto ha motivado reuniones entre el titular del Concejo Deliberante distrital Hugo Gonzalez con , el comisario inspector Omar Villarreal, Jefe de la Subjefatura zonal Lincoln de la Policía Rural, y el comisario mayor Marcelo Rodriguez, Jefe de la Departamental Junín, de acuerdo a lo que informa “distrito interior”, de lo que podría derivarse en un megaoperativo en la zona .
Estas situaciones se repiten en la región con distintos niveles de importancia pero que tienen en vilo a las comunidades de las medianas y pequeñas ciudades del territorio y a sus zonas rurales.