El Senado aprobó la ley de discapacidad y estableció un régimen permanente de prestaciones

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El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. La iniciativa, que había obtenido un amplio respaldo en Diputados, fue aprobada sin modificaciones y reemplazará el esquema de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre.

La nueva normativa establece un régimen permanente que mantiene las pensiones no contributivas, garantiza la cobertura médica y contempla mecanismos de actualización de los aranceles que reciben los prestadores. De esta manera, busca dar continuidad a las prestaciones y establecer previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias.

La sanción llegó después de semanas de tensiones dentro del oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó el dictamen sin cambios, pese a las objeciones de sectores del Gobierno y a los intentos del ministro de Economía, Luis Caputo, de modificar el texto. Introducir cambios hubiera obligado a devolver el proyecto a Diputados y puesto en riesgo su aprobación antes del vencimiento de la emergencia.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

Entre sus principales disposiciones, la norma establece que la pensión no contributiva equivaldrá al 70% del haber jubilatorio mínimo y tendrá actualización por movilidad previsional. Además, será compatible con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder al beneficio será necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También garantiza la cobertura de Incluir Salud y establece mecanismos para actualizar los aranceles de los prestadores, de acuerdo con la movilidad previsional y estudios de costos. El Poder Ejecutivo deberá informar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días y cancelar las deudas pendientes en un máximo de 90 días corridos.

El texto incorpora, además, un sistema de auditorías periódicas y cruces de información entre organismos estatales. Sin embargo, establece que cualquier suspensión deberá estar precedida por una notificación fehaciente y la posibilidad de que el beneficiario presente un descargo. La reglamentación de la ley deberá concretarse dentro de los 30 días.

Las críticas al Gobierno y el mensaje del Papa

El debate parlamentario estuvo atravesado por las críticas de la oposición al manejo del Gobierno sobre la política de discapacidad y por las repercusiones de la reciente visita del papa León XIV. Desde distintos bloques señalaron que el mensaje del Pontífice contribuyó a acelerar el tratamiento de una iniciativa que llevaba meses de discusión.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó a quienes, según planteó, cambiaron su postura después de la visita papal, aunque respaldó la sanción ante el vencimiento de la emergencia. En la misma línea, el rionegrino Martín Soria sostuvo que tuvo que intervenir el Papa para que el presidente Javier Milei atendiera la situación del sector.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la iniciativa bajo los argumentos de responsabilidad fiscal y controles sobre el sistema. El senador Agustín Monteverde aseguró que el proyecto no contempla recortes y anticipó que el Presupuesto 2027 incluirá las partidas necesarias.

Sin embargo, desde el peronismo advirtieron sobre las contradicciones entre la nueva ley y las previsiones presupuestarias del Ejecutivo. Lucía Corpacci alertó sobre un recorte real del 13% en Incluir Salud dentro del proyecto de Presupuesto 2027, mientras que recordó que Milei había vetado anteriormente la ley de emergencia.

Con la sanción definitiva, el Congreso dejó establecido un régimen permanente para el sistema de discapacidad. Ahora, la atención estará puesta en la reglamentación y en cómo el Gobierno nacional garantizará los recursos necesarios para cumplir con las prestaciones y las obligaciones que establece la nueva normativa.

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