El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este martes la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un nuevo cuerpo dentro de la Policía Federal Argentina (PFA) que se hará cargo de los delitos complejos cometidos en el país: una suerte de FBI argentino.

“Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel, así pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta”, proclamó Milei en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, en el barrio porteño de Palermo.

Quien primero tomó la palabra fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se encargó de presentar al DFI “el corazón de esta nueva Policía Federal Argentina que concentra todos sus esfuerzos en una tarea fundamental, llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país”.

La reforma policial, oficializada mediante el Decreto 383/2025, implica una reestructuración integral de la PFA. Se crean dos grandes áreas: el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI), orientado a delitos como narcotráfico, trata de personas y terrorismo; y el Departamento Federal de Coordinación (DFC), a cargo de tareas administrativas y de apoyo. Ambos contarán con direcciones especializadas en inteligencia criminal, cooperación internacional, análisis forense, asuntos internos y bienestar del personal.

El nuevo esquema no sólo amplía las funciones sino también los márgenes de intervención. La norma autoriza a los efectivos a detener personas sin orden judicial “cuando existan elementos suficientes que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer un delito”. También habilita el acceso a bases de datos públicas y privadas para tareas de inteligencia, y permite patrullajes en redes sociales y sitios web abiertos sin autorización judicial previa. A partir de ahora, las investigaciones podrán iniciarse no solo por requerimiento judicial, sino también por instrucción directa del Ministerio de Seguridad.

“Esto es simple: el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”, sentenció Milei. En otro pasaje, reivindicó el sistema dactiloscópico creado por el argentino Juan Vucetich y adoptado por el FBI, como ejemplo del aporte nacional a las tecnologías de seguridad global.

La reforma no es sólo normativa. El decreto establece un cupo máximo de nuevos suboficiales, que se irá reduciendo año a año. El ahorro presupuestario, según explican desde el oficialismo, se destinará al Programa de Modernización de la PFA, orientado a tecnología, equipamiento y rediseño de procesos.

Sin embargo, más allá del tono tecnocrático, el mensaje fue simbólico. El Gobierno eligió marcar el inicio de una semana tensa con una demostración de autoridad institucional. Milei no habló desde Casa Rosada. Prefirió hacerlo al aire libre, entre caballos y efectivos de uniforme en la sede del Cuerpo de Policía Montada, para dejar en claro su visión de la calle y del orden. Como dijo desde el escenario: “los de azul son los buenos”.

La jornada del Presidente había comenzado mucho antes. Recién llegado de una gira internacional que lo llevó por Italia, España, Francia e Israel, Milei retomó este lunes su agenda de trabajo en la quinta de Olivos. Allí, desde temprano, mantuvo una serie de reuniones a puertas cerradas: primero con un grupo de empresarios europeos, luego con su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y más tarde con Francos. También mantuvo una llamada internacional y habló por teléfono con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con quien se comunica en promedio cuatro veces por semana.

Sturzenegger, que se prepara para desplegar una batería de decretos delegados, será uno de los protagonistas del Gabinete en las próximas semanas. Las facultades extraordinarias que el Congreso le concedió al Presidente con la Ley Bases en julio de 2024 vencen el mes próximo y no está previsto prorrogarlas. Por eso, en el oficialismo anticipan un flujo intenso de decisiones en múltiples áreas del Estado antes de esa fecha.