Reacción de la fiscalía por un caso de abuso sexual a una menor denegado por una jueza de «garantías»
La fiscal del departamento judicial de Junín, Pamela Ricci, pidió la indagatoria del empresario Hernán Pini por resultar sospechoso de abuso sexual resultando la víctima su propia hija cuando ésta era menor de edad. En abril de 2022, el juzgado de Garantías Nº 3 de Junín, a cargo de la jueza María Laura Durante, había denegado el pedido de protección realizado por la víctima, no sin antes realizarle planteos insólitos. El hecho, que tomó estado público por una nota de Semanario, pone al descubierto las irregularidades de la justicia local respecto a la causa.
Para dar curso al pedido de la víctima. la jueza que entiende en la causa, María Laura Durante, había puesto condiciones para dictar medidas de protección en beneficio de la niña, lo que, a ésta, le causaba un profundo temor cada vez que debía caminar por las calles de Junín por la posibilidad de cruzarse con su progenitor quien, en un acto de absoluta mendacidad, había comunicado a la policía, que no residía en Junín.
El hecho, reflejado en el medio local, Semanario de abril del año pasado, y del que InfoGEI diera cuenta, bajo el título “Algo huele a podrido en el Juzgado de Garantías Nro.3 de Junín”, en el que se detallaban, las irregularidades de la justicia local respecto a dicha causa.
Ahora, la fiscal Ricci, arrojó una luz al respecto al solicitar el pasado 13 de febrero la indagatoria del padre de la denunciante, Hernán Pini, citándolo para el 8 de marzo (casualmente el día internacional de la Mujer), sospechoso de “abuso sexual agravado” que se encuentra previsto y reprimido por el Art.119 del código penal”.
El caso
La víctima se había visto obligada a alejarse de la ciudad de Junín sin poder volver a visitar a su familia y afectos, por miedo a cruzarse con el denunciado, lo que motivó que junto con la denuncia presentada se pidiera una medida de protección a la justicia, que se encuentra obligada a proteger a las víctimas, atento a su rol poder del Estado.
Por entonces, la denunciante, junto con su presentación, solicitó que se le prohíba a su progenitor tomar contacto con ella ya que la continuaba hostigando en cada oportunidad que se le presentaba, en lo que pareciera ser un goce respecto del sufrimiento ajeno.
Exigencias insólitas
Sorprendentemente el pedido de la víctima fue contestado por el Juzgado con exigencias descabelladas, del estilo de que avise cuáles días iría a la ciudad para que la medida de protección se limite a su estadía en Junín (como si la obligación de la jueza de proteger a una víctima que denuncia se limitase a este lugar).
Esto último pone de resalto la falta total de perspectiva de género demostrada por la Jueza al momento de realizar el análisis del caso, donde pareciera ser que los sesgos de género y roles familiares jugaron un papel preponderante en lugar de la versión de la víctima y sus miedos.
Escándalo recargado
A pesar de lo escandaloso del caso, la jueza terminó denegando la protección solicitada argumentando que la DDI de Junín había recibido un llamado telefónico del denunciado, donde éste les decía que se había enterado de la existencia de esta denuncia y que quería decirles que hace más de 15 años que no vive en Junín.
Sin embargo, una investigación de Semanario arrojó que es un secreto a voces que el imputado vive junto a sus otras hijas en el mismo domicilio de Junín, desde hace más de 20 años.
Puede que ahora, con la reacción de la Fiscalía de Junín, ya deje de oler tan a podrido en ese Juzgado de Garantías. (InfoGEI)Jd
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