Queridos vecinos y amigos de 9 de Julio, nos decidimos a escribir estas palabras para hacer pública una situación que nos afecta en lo particular. El hecho es que nuestro Municipio acaba de alquilar un inmueble cuya dueña fuera nuestra madre fallecida y por el cual se ha iniciado la sucesión en el Juzgado local. Dicho inmueble tiene 4 dueñas, herederas legítimas, sin embargo, por un mecanismo de dudosa legalidad, al menos cuestionable por muchas razones que no vienen al caso, solo 1 de las legítimas dueñas está haciendo uso y abuso de dicha propiedad. El contrato de alquiler se firmó entre las autoridades locales con esa única dueña, en detrimento de los derechos de las restantes, sin ninguna consulta previa y sin consentimiento, por supuesto, del resto de las propietarias. El nivel de responsabilidad del municipio es bajísimo, por no decir nulo, ya que se le comunicó mediante una carta documento del estado de litigio en el que se encuentra la propiedad. Ante semejante conflicto cualquier persona medianamente responsable tomaría los recaudos del caso y verificaría las consecuencias hacia el futuro conforme la situación imperante.

Sin embargo, pareciera que siguiendo una lógica inentendible, el municipio no solo que continuó adelante con el alquiler sino que también empezó a hacer reformas edilicias en tal inmueble modificando su naturaleza de vivienda unifamiliar, afectando tal propiedad la cual nunca más será la misma.
Ante esto es que surge la cuestión: ¿por qué el municipio alquila una casa para que funcione allí una Casa de abrigo, dependiente de la oficina de desarrollo social, a sabiendas de que hay un conflicto con tal propiedad? Más aun pudiendo evitarlo y proceder a alquilar cualquier otra, independiente de la “legalidad” del contrato de alquiler realizado con la heredera. El municipio alega haberse “ajustado a derecho”. Bien, quien se ajusta derecho debe conocer la ley en tu totalidad, no solo la parte que le conviene, y en ese sentido la ley de usufructo (por la cual justifican su accionar) es muy clara: NO se pueden realizar reformas sobre el bien en cuestión sin autorización del nodo propietario, en este caso el resto de las legítimas.

Infinidad de cuestionamientos e interrogantes surgen a partir de la responsabilidad y seguridad sobre tal inmueble frente a daños que pudieran ocurrirle a las personas allí alojadas. ¿Qué ocurre si en dicha propiedad sucede un accidente con alguna persona alojada allí? ¿Quién se hará responsable civil y penalmente frente al damnificado? Porque en rigor de la verdad, la responsabilidad recaerá sobre todos los herederos a quienes ni si quiera se les consultó al respecto. Más aún, ¿tiene un seguro contratado el municipio por lo que allí pudiera ocurrir? Cabe aclarar que el municipio se negó a mostrar el contrato de alquiler, lo que se despierta más sospechas y suspicacias sobre lo que allí se firmó. Todos interrogantes que van más allá de la legalidad o no de un contrato de alquiler y de “ajustarse a derecho”. Tienen que ver con la impunidad, irresponsabilidad o desidia con los que los responsables del gobierno municipal han actuado en este caso.

A esta altura resulta evidente que el manejo es: “vamos para adelante que las cosas se van acomodando durante la marcha” Nada más peligroso y azaroso que tal conclusión tratándose de un ente público que debe administrar los recursos de la población con eficacia. Desde el palacio municipal nunca pudieron dar una respuesta a los cuestionamientos efectuados por los restantes dueños de la casa. Si hasta cuando quisimos entrar a ver qué modificaciones se estaban haciendo, una arquitecta de desarrollo social impidió el ingreso de los PROPIOS DUEÑOS, otro disparate.

Finalmente, ¿sabrá el propio intendente lo que está ocurriendo? ¿Se firmó el contrato y se comenzó la obra con todos los pasos legales correspondientes: presupuestos aprobados, obra presentada y aprobada, seguros contratados, etc.?
Exijo respuestas, claridad y ante todo responsabilidad frente a este asunto que ya es de orden público y como dije al comenzar, afecta los intereses privados, pero también a los de todos los nuevejulienses.

Renata Estefania Golberg Balda

D.N.I. 30.138.730