Una auditoría que se está realizando sobre la anterior gestión kirchnerista en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) alerta sobre presuntas irregularidades y diversas situaciones llamativas, como la compra de remeras, gorras y mochilas por $ 15,9 millones por convenios que el ente no habría controlado, adquisiciones de trofeos de concursos de tejo y el desvío del pago de prestaciones rurales a trabajadores de otras actividades.

El Renatea reemplazó, en medio de la pelea del anterior Gobierno con el campo, al ex Renatre. Su función histórica fue otorgar una libreta de registro para los trabajadores y prestaciones por seguro de desempleo. Allí tenían un lugar el gremio de los peones rurales (Uatre) y las entidades gremiales del agro, además de dos síndicos del Ministerio de Trabajo. Pero a fines de 2011 Cristina Kirchner les sacó por ley el control a esas organizaciones y transformó el Renatre en el Renatea.

«El Renatea no tuvo control alguno en sus casi cuatro años de existencia. No se presentaron balances contables, no se aplicaron los procesos de auditoría interna ni tampoco se realizaron los estados contables de los ejercicios 2013/2014 y 2015», denunció Ramón Ayala, subgerente general a cargo del organismo.

El organismo llegó a concretar 180 convenios con organizaciones privadas y públicas, entre ellas universidades, para acciones de capacitación, registración de trabajadores y difusión de derechos. Sin embargo, según la auditoría en curso, las entonces autoridades no realizaron acciones de control, seguimiento e informe final de los convenios.

«En las rendiciones de cuentas por el uso de los fondos transferidos se detectaron presupuestos falsos de proveedores que nunca se presentaron a los concursos de precios, idénticos proveedores que resultaban siempre ganadores en los concursos, presentación de facturas por gastos no realizados y servicios no prestados, además de rendiciones de gastos por conceptos ajenos a los convenios, tales como alojamientos en resorts, compras de trofeos de concursos de tejo, bicicletas playeras, asfalto de calles, medicamentos solo expendidos bajo recetas archivadas, folletería partidaria de agrupaciones políticas como la Canpo», señaló Ayala.

Vale recordar que la Canpo (Corriente Agraria Nacional y Popular) nació luego del conflicto de 2008 por las retenciones móviles como organización de apoyo al anterior gobierno.

Según Ayala, también se detectaron «facturas apócrifas por compra de bienes y prestación de servicios, gastos por traslados de personas y a destinos ajenos a los convenios».

En la auditoría sobre los convenios también se observó la compra de remeras, gorras y mochilas por $15.968.365, si especificación del motivo. «También se pudo observar un evidente desvío de los fondos por parte de quienes contrataron con Renatea, como compras de bienes que no estaban incluidos en el objeto de los convenios tales como rodados, equipamiento e insumos para municipios, cancelación de pasivos corrientes en concepto de obra pública municipal, cesiones de los bienes adquiridos con fondos del Renatea a terceros ajenos al municipio y registro, tales como una asociación dedicada a la preservación de la tradición e idioma Yugoeslavo», precisó el funcionario.

Según remarcó Ayala, también hubo un desvío de fondos para capacitación destinados a «acciones de evangelización y promoción de los valores fundamentales del cristianismo».

A todo esto, de acuerdo a la auditoría el organismo no incrementó las prestaciones de seguro por desempleo. En cambio, habría abonado prestaciones a trabajadores no rurales, como textiles, construcción, amas de casa.

En tanto, según el informe sobre la auditoría, en 2015 «los gastos en salarios fueron $ 300 millones contra $ 78 millones de pagos para prestaciones sociales, esencialmente para seguro por desempleo y surco (suplemento rural complementario)», contó Roberto García Lerena subgerente nacional de Comunicación del ente.

El organismo recauda unos $ 400 millones por año con el 1,5% del sueldo de los trabajadores. Cuando era Renatre, antes de ser estatizado, tenía 268 empleados. En cambio, al convertirse en Renatea el anterior gobierno lo llevó a 888 empelados, es decir, triplicó su plantilla.

Luego de una batalla judicial del gremio de la Uatre, liderado por Gerónimo «Momo» Venegas, el año pasado la Corte Suprema hizo lugar a un reclamo de ese sindicato cuestionando la ley que les quitó a los peones rurales la administración del seguro de desempleo. Además, ordenó reinstalar el Renatre, proceso que está en marcha.

Recientemente, un convenio realizado con UPCN generó fuertes críticas de los trabajadores porque esto implicará la desvinculación de quienes ingresaron desde enero de 2012, es decir, cuando se formó el Renatea. El malestar se trasladó a las delegaciones del interior, donde se escucharon advertencias sobre el actual funcionamiento del ente. Con el kirchnerismo, el organismo impulsó inspecciones sobre las condiciones laborales en empresas del agro.

De acuerdo a García Lerena, «todas estas auditorías se van a presentar en la Justicia civil y penal». Cerca de las anteriores autoridades del Renatea declinaron hacer comentarios sobre este proceso.

Fuente: La Nación