La demanda del Estado bonaerense contra el Nacional para intentar recuperar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia ingresó hoy en la Corte Suprema: se trata de la judicialización de una pelea por algo más de $870.000 millones, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron a DIB que la demanda es doble, tal como adelantó esta agencia: pide la inconstitucionalidad del decreto que eliminó el Fondo y, a la vez, plantea un amparo para que se suspenda el recorte mientras se resuelve el planteo de fondo.

La eliminación del Fondo fue realizada por el Gobierno a través del decreto 192/24. El fondo había sido creado por un decreto de Alberto Fernández durante para financiar un aumento de sueldos que puso fin una protesta de la Policía de la Provincia contra Kicillof.

El Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel (izq.), y el fiscal de Estado, Hernán Gómez. – DIB –

La provincia argumenta en la demanda –un texto de 152 páginas que elaboró la Fiscalía de Estado en consulta con el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel– que el decreto 192 derogó “en forma arbitraria e inconstitucional” el Fondo de Fortalecimiento.

“El Estado nacional, a través del decreto 2024-192-APN.PTE, ha sido arbitrario, discriminatorio, irrazonable, irrespetuoso con la provincia de Buenos Aires”, dice la demanda, a la que accedió DIB.

Además tilda de “inconstitucional” el DNU 70’ en la que se funda la decisión nacional y argumenta que “no es, como dice el decreto 192, que ´la severidad de la crisis pone el riesgo la existencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”. Son las propias acciones del Gobierno nacional que, con el intempestivo, arbitrario e inconstitucional recorte de fondos que pertenecen a la provincia de Buenos Aires para atender a las demandas de nuestros conciudadanos, están poniendo en crisis el sistema federal argentino, y cuyo cuidado esa Corte Suprema de Justicia tiene el rol institucional de proveer”.

Respecto del amparo, la demanda señala que lo que se busca impedir con el freno rápido del recorte es que la provincia “sufra graves perjuicios económicos”,  al tiempo que precisa que “está siendo privada de recursos que resultan esenciales para su funcionamiento”.

En documento tiene un largo apéndice donde se analiza la ejecución presupuestaria del Estado bonaerense a lo largo de los años, para demostrar el impacto del recorte, del que se asegura que “tomó por sorpresa” a la administración Kicillof.

El texto señala además que el gobierno nacional ha suspendido “de hecho” (es decir sin fundarse en normas, lo cual es esencial desde el punto de vista jurídico y político de la provincia) “otra transferencias y programas” entre los que menciona los referidos a los fondos docentes, para subsidiar el transporte y para financiar obras públicas.

La provincia se limitó en esta presentación al Fondo de Fortalecimiento fiscal, pero tal como informó DIB esos otros recortes sean probablemente objeto de nuevas presentaciones judiciales.