La investigación sobre el sistema de fotomultas sumó un nuevo capítulo: la Justicia Federal avanzó con un pedido formal para acceder a pruebas consideradas clave en expedientes que tramitan en el ámbito bonaerense. El objetivo es profundizar una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos que tiene como principal imputado a Leandro Camani señaldo como uno de los actores centrales en el negocio de la fiscalización de velocidades.

El fiscal federal Paul Starc, a cargo de la investigación, remitió un oficio para obtener copia íntegra de la causa en la que figura como acusado el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. El expediente en cuestión —“QUATROCHI Mario y Otros s/ fraude en perjuicio de la administración pública”— contiene elementos que podrían resultar determinantes para reconstruir el presunto circuito de recaudación irregular que se investiga en el fuero federal, pero también distintos niveles de participación en la comisión de los delitos.

Entre las pruebas solicitadas, Starc puso especial énfasis en los resultados de las pericias realizadas sobre teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados durante un allanamiento a Bernardino Antonio García, titular de CECAITRA. También requirió el informe técnico elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, considerado una pieza clave dentro del expediente.

Según fuentes judiciales, esa pericia podría arrojar luz sobre una de las maniobras más sensibles bajo sospecha: la existencia de multas que eran saldadas dentro del sistema sin intervención ni conocimiento del supuesto infractor. Esos pagos, que aparecían registrados formalmente, habrían sido canalizados por proveedores privados sin participación efectiva del Estado, que tampoco percibía el porcentaje legal correspondiente.

El laberinto de las fotomultas

La requisitoria se inscribe en la causa “Tránsito Seguro y Otros, s/ Asociación Ilícita”, que tramita en la fiscalía federal en lo criminal y correccional de Tres de Febrero. Allí, Starc intenta cruzar información de distintos expedientes para determinar si existió un esquema sistemático de defraudación al Estado, con posibles vínculos entre empresarios, funcionarios y sectores del Poder Judicial.

El contexto en el que se desarrolla esta investigación es el de un sistema de fotomultas que durante años acumuló cuestionamientos por falta de transparencia. La normativa vigente establece que toda infracción debe ser notificada al presunto responsable antes de cualquier resolución. Sin embargo, se presume de muchos casos que habrían demostrado que esa obligación no siempre se cumplía, generando un terreno fértil para irregularidades.

Ante ese escenario, la provincia impulsó cambios normativos para cerrar grietas en el sistema. Entre ellos, la obligatoriedad de notificar al infractor antes de resolver cualquier multa y la identificación precisa del conductor responsable, con el objetivo de evitar pagos masivos por parte de empresas sin conocimiento de los supuestos autores de las infracciones.
Además, se avanzó en el diseño de un sistema de juzgamiento encriptado, capaz de dejar trazabilidad sobre cada resolución —absolución o sanción— y sobre los pagos efectuados, con el fin de garantizar que la recaudación se distribuya conforme a la ley.

En paralelo, en la órbita federal también avanza otra causa que investiga un presunto modus operandi vinculado a denuncias públicas que luego derivan en expedientes judiciales. En ese expediente, iniciado por el juez Guillermo Marijuan y actualmente radicado en Tres de Febrero, vuelve a aparecer el nombre de Camani. La hipótesis bajo análisis es que determinados actores judiciales podrían haber tenido un rol como partícipes necesarios en ese mecanismo.

Dentro de ese entramado, figura incluso una denuncia que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En ese caso, el foco de la investigación no solo apunta al contenido de la acusación, sino también al rol del denunciante y sus posibles vínculos con funcionarios administrativos y judiciales de la provincia.

Con múltiples causas en curso y un cruce cada vez más intenso de pruebas, la Justicia busca determinar si detrás del sistema de fotomultas operó algo más que un esquema administrativo deficiente: una estructura organizada con capacidad de generar y canalizar fondos por fuera de los circuitos legales, el que podrían haber participado agentes públicos, y grupos privados. La respuesta, por ahora, sigue en construcción.

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