En un gesto institucional cargado de mensaje político, la Suprema Corte de Justicia bonaerense volvió a poner en agenda su reclamo histórico por la autarquía. El presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, junto al vicepresidente Daniel Soria, recibieron en la sede judicial a la vicegobernadora Verónica Magario y al titular de Diputados, Alejandro Dichiara, a quienes les entregaron en mano el proyecto de ley para dotar al Poder Judicial de autonomía presupuestaria y autarquía económica.

La escena, que se desarrolló en la Sala de Acuerdos de la Corte, funcionó como algo más que una formalidad institucional: fue una señal directa hacia el poder político, que desde hace años evita avanzar con una norma que le quitaría capacidad de decisión sobre una porción clave del gasto público. En el encuentro, del que participó el titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución SCBA, Carlos Safadi Márquez, también se dialogó sobre otros temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones.

El texto que impulsa la Corte —con aval de la Procuración, colegios profesionales y asociaciones judiciales— busca revertir un esquema que los propios jueces consideran “inconsistente” con la Constitución. En la práctica, apunta a terminar con la dependencia del Poder Ejecutivo en la definición del presupuesto y, especialmente, de la política salarial de magistrados y trabajadores judiciales.

La relación entre la Corte y los otros poderes viene atravesada por tensiones en torno a vacantes, salarios y financiamiento. La novedad ahora es que el máximo tribunal decidió formalizar el reclamo con un proyecto integral y llevarlo directamente a la Legislatura, donde el tema ya tuvo intentos fallidos en el pasado.

Detrás del planteo subyace una discusión de fondo: quién maneja los recursos del sistema judicial. Mientras desde la Corte insisten en que la independencia real requiere autonomía financiera, en el ámbito político predomina la cautela —cuando no la resistencia— a ceder esa herramienta de control.

El proyecto, de hecho, establece un rediseño profundo del esquema actual. Propone que sea el propio Poder Judicial quien elabore su presupuesto, que luego se incorpore al cálculo general sin recortes, y le otorga facultades para administrar sus fondos, fijar salarios y definir su estructura interna. Todo, bajo el argumento de garantizar un servicio de justicia “eficaz” e independiente.

La iniciativa también reabre un viejo punto de fricción: la equiparación salarial con la Justicia federal, una meta que implicaría un impacto significativo en las cuentas públicas y que históricamente generó resistencias en el Ejecutivo.

UN PEDIDO QUE PRESIONA A KICILLOF

El gobierno de Axel Kicillof salió a fijar posición tras la inédita conferencia de prensa de la Suprema Corte bonaerense y dejó en claro que la definición sobre la cobertura de vacantes sigue bajo control del Ejecutivo. El planteo del máximo tribunal —que volvió a reclamar por los nombramientos pendientes y la autarquía económica— activó una respuesta medida pero firme desde La Plata: “El envío de pliegos es una potestad del gobernador”, remarcaron, atado a criterios de oportunidad, mérito y competencia.

La exposición pública de los jueces marcó un cambio de tono. Con Sergio Torres al frente tras la rotación de autoridades, la Corte buscó darle volumen institucional a un reclamo que hasta ahora circulaba por canales informales. El movimiento no fue menor: implicó sacar a la superficie una discusión latente con el poder político y tensionar una relación atravesada por demoras en designaciones y el manejo de los recursos.

El punto de inflexión llegó con la conferencia en la que los ministros blanquearon la situación del tribunal. “Somos tres cuando deberíamos ser siete”, advirtió Torres, al definir como “inédita” la desintegración de la Corte. A su lado, Daniel Soria e Hilda Kogan respaldaron el planteo, junto a actores clave del sistema judicial. Allí se dejó en claro que la cobertura de vacantes no es un trámite administrativo, sino una condición estructural para garantizar el funcionamiento y la planificación del Poder Judicial.

Con este movimiento, la Corte vuelve a hablar —y lo hace con claridad— en una disputa que excede lo técnico. La pelota, otra vez, queda del lado del poder político.

QUÉ PLANTEA EL PROYECTO DE AUTARQUÍA JUDICIAL

El Poder Judicial elaborará su propio presupuesto, con participación del Ministerio Público, y deberá incorporarse al presupuesto provincial como una sección autónoma.

Se garantiza una asignación de recursos “suficiente” para asegurar independencia y funcionamiento del sistema judicial.

La Suprema Corte podrá fijar la política salarial y las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados.

Se crea un esquema de autoadministración de recursos, incluyendo la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias.

El Poder Judicial pasará a participar en la renta de los depósitos judiciales, con un porcentaje de hasta el 50%.

Se establece un Fondo Fiduciario para financiar infraestructura y modernización tecnológica del sistema judicial.

Se habilita la negociación colectiva para los trabajadores judiciales bajo un régimen propio.

Se crea un Comité de articulación con el Poder Ejecutivo y una comisión bicameral de seguimiento legislativo.

Se fija un esquema progresivo para implementar la autarquía, incluyendo pautas para equiparar salarios con la Justicia nacional.