La creciente ola de inseguridad en las explotaciones agropecuarias de esta provincia, con robos y daños en establecimientos agropecuarios del interior, provocó que el Senado santafecino aprobara una iniciativa por la cual se crean fiscalías especializadas en delitos rurales, mediante las cuales se estima podrá ofrecerse a los damnificados “una respuesta más eficaz y adaptada a las necesidades específicas de cada región”.

“Se procura fortalecer la persecución penal de los delitos rurales, que no se limita ya solo al abigeato y el robo de granos, sino que también se extiende a los asaltos sobre los bienes de las viviendas, o los atracos a mano armada, en ocasiones violentos”, explicó a LA NACION el autor de la iniciativa, Rubén Pirola, del departamento Las Colonias. “La iniciativa –añadió el legislador- busca brindar respuestas adecuadas y asegurar que las preocupaciones de estos sectores sean atendidas por funcionarios especializados”.

Añadió que “contempla la distribución de fiscales especializados en cada circunscripción de la provincia, coordinando esfuerzos entre la fiscalía general y los fiscales regionales”.

Durante el diálogo, el legislador, que reside en Esperanza, recordó que “se dedica no menos de dos fiscales por cada región del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para enfrentar el abigeato, el robo de granos y los asaltos violentos”.

El senador Pirola sostuvo: “Deseo y tengo expectativa en que, en esta oportunidad, finalmente la Cámara de Diputados también avance rápidamente en la aprobación de esta iniciativa y la convierta en ley” porque “los productores rurales no solo lidian con delitos materiales como el robo de ganado y maquinaria, sino también con crímenes que afectan directamente a las personas, incrementando la vulnerabilidad y el éxodo hacia zonas urbanas”.

Por eso –señaló el legislador-”la creación de fiscalías rurales busca brindar respuestas adecuadas y asegurar que las preocupaciones de estos sectores sean atendidas por funcionarios especializados, aunque a pesar de los esfuerzos del gobierno, los productores continúan enfrentando problemas significativos que requieren acciones concretas y especializadas”, añadió.

La media sanción del último jueves fue precedida por una extensa reunión en el mismo recinto, realizada un día antes, y que contó con la participación de representantes de las entidades agropecuarias. Hubo relatos sobre la tranquilidad rural alterada y también una observación relevante: los dirigentes ruralistas no creen en las estadísticas existentes porque sencillamente no siempre hay denuncias, porque se suele pensar que llevarlas a la Justicia no produce efectos. “Ahora habrá una unidad especial dedicada al tema, siempre que la cuestión avance en Diputados”, completó el legislador.

La norma aprobada en la Cámara alta pasa ahora a Diputados donde se resolverá la creación de la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, que tendrá como mínimo dos fiscales por cada una de las cinco Fiscalías Regionales y funcionará según las disposiciones de la fiscal general, María Cecilia Vranicich.