Encabezada por su presidente y referentes regionales Federación Agraria se entrevistó en horas de la mañana con el Secretario de Agricultura, Juan Jose Bahillo  a quien le entregó un petitorio y con posterioridad se trasladaron al Congreso Nacional para conversar con los distintos bloques políticos y entregar uno igual.

La entidad sostiene que luego de encadenar tres años consecutivos de sequía, heladas tardías y tempranas y granizo la campaña 2022/2023 se enfrenta al evento climático más grave de la historia. La falta de lluvia y las temperaturas extremas han provocado un daño en los cultivos, que impactará negativamente en la economía argentina: se van a perder miles de millones de dólares en las cosechas fina y gruesa.

Las pérdidas directas se calculan en 20.000 millones de dólares tan solo contabilizando el efecto sobre las cosechas fina y gruesa de los cinco cultivos tradicionales, pero los efectos derivados sobre todo el entramado productivo que gira alrededor del campo será considerablemente mayor. A estas pérdidas hay que sumarle los efectos sobre las pasturas y los cultivos no tradicionales de economías regionales. Esto empujará a la economía en su conjunto a la mayor recesión de los últimos 15 años.

Pero más grave aún es que si no se implementan mecanismos amortiguadores, las pérdidas económicas y financieras harán imposible el inicio normal de un nuevo ciclo productivo, lo que arrastrará la contracción de la actividad del campo a los próximos años, y dejará huellas permanentes como la desaparición de miles de productores, principalmente los pequeños que cuentan con menos espalda para resistir.

En este contexto, le presentaron  tanto al secretario como a los legisladores un  paquete de medidas de alivio tributario y de liquidez inmediata para permitir la recomposición de los ciclos productivos y evitar el quiebre completo de la cadena de pagos en todo el territorio del país.

» Interpelamos tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo para que hagan uso de todos los instrumentos posibles para implementar inmediatamente las siguientes medidas», afirmaron.

PAQUETE DE MEDIDAS PARA PRODUCTORES EN EMERGENCIA

ALIVIO FISCAL

Alivio fiscal inmediato – con vigencia hasta el 30 de junio de 2024

Exención de anticipos IIGG

Los anticipos del IIGG son un pago adelantado, a cuenta de las ganancias futuras, por parte de los productores contribuyentes. Además de representar un costo financiero importante en un contexto de alta inflación, en este momento particular implica el adelanto de ganancias que serán inexistentes ya que la gran mayoría de los productores están sufriendo enormes pérdidas y no ganancias. Se trata de un impuesto regresivo, que además en el momento que está atravesando el sector, implica un aporte contributivo estrangulador para muchas explotaciones agropecuarias. Es indispensable exonerar de dicho adelanto al productor agropecuario en un escenario de emergencia.

Suspensión de retenciones por IVA

De forma similar a lo largo del circuito comercial los productores agropecuarios deben enfrentar retenciones en concepto de IVA que representan costos financieros altos. Suspender este mecanismo aliviaría al menos parcialmente la situación financiera (no la económica) de los productores y les permitiría contar con mayor liquidez.

Exención del Impuesto sobre Créditos y Débitos

Solicitamos la exención del pago automático del impuesto a los débitos y créditos que penaliza la formalidad de la cadena productiva.

Eliminación de DEX para todas las economías regionales

Para todas las producciones de las economías regionales (incluida la lechería) se propone la eliminación inmediata de todas las tasas de DEX que siguen vigentes. Actualmente estas tasas van del 9% al 4,5% según el producto, generando un menor precio recibido por los productores, pero representan menos del 2,5% de la recaudación total por DEX.

Suspensión y levantamiento de juicios de ejecución y de los bloqueos de cuentas corrientes de productores

Además de suspender de ahora en adelante los juicios de ejecución y los bloqueos de cuenta corriente, es indispensable levantar los embargos de cuenta por ejecuciones fiscales a los productores en emergencia, de manera retroactiva a la fecha de declaración de emergencia y/o al 1 de enero de 2022 atento a que la no embargabilidad está dispuesta solo a partir del 1 de febrero de 2023.

FINANCIAMIENTO

2. Salvataje

Según lo que ya expresamos respecto de las inclemencias del clima, queremos poner de relieve no solo la menor cosecha quizá de muchos años, sino también la venta forzada de animales y la desaparición de tambos sobre todo de estructura familiar.

Sobre este sombrío escenario, el gobierno continúa sumando distorsiones que destruyen los mercados y los precios de referencia vitales para la coordinación de miles y miles de productores a lo largo de todos los eslabones productivos de las cadenas agroindustriales. La implementación de un nuevo dólar agro ha vuelto a generar un descalce entre los costos de tamberos, feedloteros, productores porcino, productores avícolas, etc. que ven incrementar sus costos sin un correlato en sus precios de ventas. Es decir, aquellos productores que quizás no habían sido afectados de manera directa por las inclemencias climáticas se ven afectados ahora por una nueva desacertada intervención estatal que en lugar de amortiguar el impacto de la emergencia se comporta como un propagador de conflictos.

Habrá mucho menos ingresos de dólares al país y el Estado recaudará mucho menos en impuestos y derechos de exportación, pero lo más grave es que los pequeños y medianos productores tendrán pérdidas por falta de ingresos y de recuperación de inversiones millonarias, que impactarán directamente en el quiebre de la cadena de pagos, en la vida misma de los pueblos del interior y sus economías, y en la posibilidad de seguir produciendo.

Solamente podrá salvarse la vida de las empresas familiares agrarias si el Estado realiza un esfuerzo y un salvataje inmediato, urgente y contundente, de lo contrario la desaparición de las estructuras productivas más pequeñas será inminente.

Ese esfuerzo que pedimos es una minúscula parte de lo que, con total solidaridad, el sector realizó durante 21 años a través en concepto de retenciones, en épocas de necesidades extremas y en otras no tanto. Hoy somos los pequeños y medianos productores los que necesitamos de esa solidaridad para seguir existiendo.

Proponemos el acceso a una inyección de dinero para reinvertir en producción que beneficia al conjunto de la economía argentina. En el año 2022 la recaudación via retenciones fue de 12.600 millones de dólares.

El salvataje debe ser percibido directamente por los productores en situación de emergencia y desastre agropecuario, con el siguiente esquema:

· Por cada hectárea cultivada con soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, cebada o centeno por las primeras 300 hectáreas cultivadas, un pago de $150.000.

· Por cada hectárea cultivada con producciones de economías regionales un pago de $300.000.

· Por cada animal bovino en propiedad del productor por las pimeras 300 cabezas, un pago de $100.000

Para aquellos productores porcinos y aviares que no se encuentran expuestos de manera directa a los desastres climáticos pero que están siendo afectados por la intervención del Estado en los precios de mercados de sus insumos:

· Por cada tonelada de alimento un pago equivalente al diferencial entre el costo previo a la implementación del «dólar agro» y el vigente en la actualidad.

3. Eliminación de la Resolución del Banco Central de la República Argentina 7720.

4. Créditos a tasa cero con un año gracias y tres años de plazo.

5. Discusión de una nueva ley de Emergencia, ley de Seguros Multirriesgos y Arrendamientos

RETENCIONES

6. Retiro gradual de retenciones por toneladas producidas (para los cultivos tradicionales)

Proponemos una reducción progresiva hasta alcanzar la eliminación total de las retenciones o derechos de exportación para los cultivos tradicionales: soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, cebada y centeno.

Se establece como horizonte temporal para la eliminación total de las retenciones un plazo de diez años. Dada la expiración de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de derechos de exportación, creemos que es el momento oportuno para plantear una iniciativa desde el Congreso de la Nación.

El esquema de la propuesta consiste en la combinación de dos elementos:

a. El establecimiento de un monto determinado de toneladas producidas que estén exentas del pago de retenciones (una especie de Mínimo No Imponible), a implementar mediante un esquema de reintegros que debería ser diseñado de la manera más eficiente posible para el productor.

b. El establecimiento de un sendero de reducción gradual de las alícuotas generales vigentes en la actualidad.

La propuesta tiene dos etapas diferentes: durante los primeros 5 años no se baja la alícuota general de retenciones, pero el Mínimo No Imponible (MNI) arranca en 300 toneladas y se va incrementando año a año con un tope de 1.000 toneladas, con lo cual para muchos productores pequeños implica quedar completamente «exentos» del tributo y para el promedio ponderado de productores implica que la tasa efectiva media desciende considerablemente.

Concomitantemente un mecanismo para descender la tasa general en una trayectoria que dura 5 años más: primero baja al equivalente al 80%, luego al 60%, 40%… hasta 0%. Esta combinación de instrumentos genera una reducción lenta de la tasa media efectiva pagada, pero la reducción para los productores de menor escala es significativa desde el primer momento. De esta manera se logra conciliar un beneficio importante para los pequeños productores y un costo fiscal para las arcas públicas que no es tan significativo en el corto plazo.