El INDEC confirmó que los salarios perdieron frente a la inflación en marzo
A pesar del intento del gobierno de Javier Milei de exhibir signos de recuperación económica, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmaron que los salarios perdieron poder adquisitivo en marzo. Según el último informe publicado, el índice de salarios aumentó apenas un 3% mensual, por debajo del 3,7% de inflación registrada en el mismo período, lo que refleja una caída real en los ingresos de los trabajadores.
El informe, además, se conoce en un contexto en el que el Ejecutivo mantiene restricciones sobre las negociaciones paritarias entre sindicatos y empleadores, una medida que dificulta la actualización de los sueldos frente al avance sostenido de los precios. En los primeros tres meses del año, los salarios acumularon una suba del 10%, por debajo del ritmo inflacionario del período.
Desagregando los datos, el sector privado registrado mostró una suba mensual de apenas 2,2%, el sector público un 3,3%, y el sector privado no registrado un 5,1%. Frente a la inflación de marzo, esto implica que los trabajadores formales del sector privado perdieron 1,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo, los estatales 0,4 puntos, mientras que solo los trabajadores informales lograron una leve mejora de 1,4 puntos.
En términos interanuales, la situación es aún más crítica para los trabajadores formales: el índice general de salarios aumentó 85,7% en los últimos 12 meses, con subas del 75,8% en el sector privado registrado y del 66,7% en el sector público, muy por debajo de la inflación acumulada en ese lapso. Por el contrario, el sector informal mostró un incremento del 183,1%, lo que lo posiciona como el único segmento que logró una recomposición real en términos anuales.
Respecto a diciembre del año pasado, los salarios muestran una mejora del 10% general, impulsada principalmente por el aumento del 23,2% en el sector no registrado. En cambio, el sector privado registrado creció apenas 6,9% y el público 8,9%, lo que ratifica el deterioro del poder adquisitivo entre los trabajadores más protegidos legalmente.
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