Un capítulo más se suma a la turbulenta historia reciente de SanCor y Atilra, en medio de un tironeo que no suelta a los más de 1.500 trabajadores que padecen todos los días una situación que pareciera lejos de terminar y mucho menos de buena forma.

A pocas horas de cumplirse cinco meses del inicio de los bloqueos que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina hizo a la empresa láctea se pudieron conocer algunas de las denuncias que están hechas ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe por parte de la Cooperativa y que incluyen todo tipo de hechos de intimidación y del impedimento de trabajo ante los trabajadores.

Quizá la láctea tuvo una actitud muy retraída durante mucho tiempo ante los embates del sindicato, simplemente por la costumbre del hostigamiento, por la habitualidad del método de presión impuesto desde hace décadas, no sólo en SanCor, sino en toda la industria sectorial en general.

Las amenazas de las últimas horas van en torno al lanzamiento de un supuesto paro nacional por temas vinculados a este caso puntual de SanCor, pero a la vez coincide con tiempos de negociación paritaria y refuerza la estrategia histórica de la gremial, que juega con la condición de que la materia prima del sector, la leche, es perecedera.

Fue lenta la reacción de la láctea para que un escribano registre el descarte de los primeros cien mil litros de leche en descomposición que se volcaron en un land farming con el inicio de los bloqueos, el viernes 20 de octubre. De aquella vez quedó el testimonio periodístico que anticipó Bichos de Campo.

Tampoco hubo actas cuando se descartaron los tres mil litros de leche destinada a la fabricación de chocolatada en el mes de febrero, pero si en cambio hay registros por el apagado de calderas realizado por los gremialistas, o por la intervención de los compresores de los laboratorios que pudieron generar un accidente de magnitud.

También está la constatación notarial del impedimento de circulación de dos camiones cargados de productos, el 20 de diciembre, en la planta de Devoto (Córdoba), donde un delegado y otros referentes sindicales aducían motivos que bajaban del Secretariado Nacional de Atilra para trabar el funcionamiento de la empresa.

Del mismo modo, en la planta de Balnearia durante las jornadas en las que regía la conciliación obligatoria, fue personal del Ministerio de Capital Humano el que registró la realización de asambleas que tenían como propósito continuar frenando la producción.

Concretamente y con diferentes fechas se presentó ante la justicia una serie de denuncias que trasladan las situaciones vividas por los trabajadores, y que -desde la posición de la empresa- justifican la presencia de personal policial en todos los turnos de trabajo en la planta de Sunchales, que es la que mayor cantidad de delegados concentra de los 80 en total que tiene el gremio dentro de la firma, ante un total que supera por poco las 1.500 personas activas.

Otras cosas lucen todavía más graves. El 24 de noviembre de 2023, Cristian M. y otras seis personas son apuntadas por apretar a un hombre en su oficina, con insultos y amenazas de romper su computadora para obligarlo a asistir a una asamblea, a pesar de no ser afiliado al gremio. El hombre dice haber accedido luego de la insistencia, para evitar problemas mayores.

Un hecho del 1° de febrero apunta al delegado Emanuel C., que hace algunas semanas fuera presentado simplemente como un trabajador en una entrevista en Radio Continental. Junto a otras siete personas, fueron denunciados como los responsables de amenazar, intimidar y amedrentar a un grupo de trabajadores que estaban cumpliendo con su tarea en el recibo de leche de la planta de Sunchales.

El 5 de febrero se dio el caso de mayor volumen de afectación de personal donde se reporta la toma de la guardia principal de la planta de Sunchales, por donde ingresa todo el personal. Ahí a primera hora de la mañana, hombres y mujeres padecieron la quita de las llaves de sus oficinas, fueron intimidados para buscarlas en cestos de basura o todas mezcladas sobre una mesa, con la clara intención de amedrentarlos al momento de ingresar a sus puestos de trabajo. La denuncia señala a Gustavo B. como responsable de la acción junto a Lucas T., Edgardo A. y cuatro personas ya mencionadas.

Ese mismo día, con poca diferencia de tiempo los delegados se trasladaron al recibo de leche para impedir a partir de todo tipo de amenazas la descarga de materia prima de tres camiones, por sobre la voluntad de los trabajadores que estaban en el sector.

Cuatro días después se dio un hecho de amenazas contra los trabajadores de la planta deshidratadora, logrando impedir el desarrollo de tareas. Se repiten en las denuncias muchos de los nombres ya mencionados. En esa ocasión cuando se procesaban 50 mil litros de leche y faltando 300 para terminar de vaciar el silo, entraron los representantes de Atilra obligando a apagar los equipos una vez que se concluya esa fase y negando la posibilidad de hacer los lavados correspondientes de la maquinaria.

Los hechos violentos se registraron en momentos puntuales, y obviamente no se dieron cuando el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald “Coco” Báscolo visitó la planta de Sunchales o Gálvez. Tampoco sucedieron en momentos de la incómoda visita que el gremio sigue comentando de tres diputados nacionales del PRO por Santa Fe. Pero concretamente estas prácticas quedaron en la nada a partir de las guardias policiales internas con las que tiene que contar la empresa para poder funcionar.

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La poca disposición al diálogo, la visible intención de jaqueo a la Cooperativa, los métodos violentos, la falta de representación real de los trabajadores, los comunicados confusos, el interés de apretar a la empresa para sólo cobrar los montos pendientes con el gremio, el temor de las personas para cumplir con su trabajo, el recuerdo de una época de fiestas muy tristes por la paralización y la falta de salarios, son algunas de las sensaciones de que forma constante están presentes en la realidad de SanCor.

Aunque los sueldos se pagan actualizados, en el marco del acuerdo con el propio gremio desde 2017, y de que la cooperativa tiene la intención de crecer en litros y negocios para salir a la búsqueda de nuevos inversores, pareciera que Héctor Ponce, el líder de Atilra, sigue fomentando a un sindicato violento, hostigador y alejado de lo que deberían ser sus principios fundamentales. la defensa de los trabajadores.