El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, fustigó al gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández por la toma de tierras, pero, a la vez, elogió el «pragmatismo» del gobernador Axel Kicillof en Buenos Aires.

En tanto, consideró que la administración provincial tuvo una «postura clara» con respecto a este tema desde el Ministerio de Seguridad. «Condenó la toma de tierra” en declaraciones a Led FM.

«Vemos un gobierno nacional que no se da cuenta que el país necesita producir», señaló el presidente de Carbap.

El dirigente alertó que se está observando un «desánimo» entre los productores agropecuarios. «Hay un desánimo muy grande de gente que puede dinamizar la economía», apuntó.

«La gente está cansada no solo por la pérdida de rentabilidad, sino de seguridad jurídica», señaló al criticar al gobierno de Fernández.

Para De Velazco, si el Gobierno hubiera expropiado la cerealera Vicentin terminaba como «una cueva militante».

Pragmatismo

Consultado sobre Kicillof, indicó que en su gestón está mostrando «pragmatismo». En esta línea, agregó: «Lo que él está demostrando es pragmatismo, no está demostrando ideología».

«Reconoce la importancia de la producción para sacar al país adelante», agregó el dirigente de la entidad ruralista.

En plena campaña electoral el año pasado, Kicillof visitó algunas asociaciones de productores del interior bonaerense, lo que generó críticas en el mismo sector productivo. En esa oportunidad, Carbap recomendó a sus entidades socias que ella reciba a los candidatos en el nivel provincial y los locales estuvieran con las mismas entidades de base.

Carbap llegó a organizar un encuentro en su sede y allí, además de María Eugenia Vidal, estuvo el ahora gobernador.

«Ningún impuesto sirve si funde a alguien o lo empobrece», dijo el año pasado Kicillof en Carbap. «No hay ningún sector productivo del que yo sienta que tengo un prejuicio o un problema», agregó

Hace unas semanas, Kicillof lanzó un plan para el agro con distintas medidas por un monto de unos $40.000 millones.

Fuente: La Nación