Para fundamentar nuestro rechazo al nuevo aumento de tributos que impuso el Intendente Barroso para 2017, que sumado al del 2016 acumula casi el 70 % más de presión fiscal, consideramos lo siguiente:

Al analizar la razonabilidad del nuevo aumento de la presión fiscal decidido por el Intendente, verificamos que en 2016, destinó menos recursos a los programas autorizados en el Presupuesto de Gastos, no por ahorros o economías, sino por incumplir metas. Y continuó bajo el nivel de recaudación de aquellos tributos que deben cubrir los costos de los servicios relevantes.

Entonces, si en 2016 el Intendente necesitó menos recursos públicos que los que dispuso para prestar servicios y para cumplir demandas presupuestarias aprobadas y tuvo superávit, porque vuelve a exigir más dinero a los vecinos?

La respuesta la dió el Secretario de Hacienda, quien sorprendido por el nivel del gasto salarial, afirmó que el aumento de la presión fiscal se explica por la recomposición de las remuneraciones, demandada por empleados municipales.

Rechazamos ese comentario por malicioso, y decimos que los vecinos que representamos no son responsables ni deben ser obligados a sostener con sus ingresos, las políticas de los Intendentes que desde 2006 emplean la estructura municipal para asegurarse la gobernabilidad que legitime sus apetencias individuales e intereses sectoriales, más que en atender las demandas postergadas y los muchos derechos comunitarios vulnerados.

Bloque de Concejales del FpV-PJ