Diputados: Se dio una nueva reunión testimonial de la Comisión de Juicio Político
La nueva reunión de la comisión de Juicio Político se dio en el marco del juicio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y juan Carlos Maqueda, por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
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Durante el encuentro, expusieron Alejandro Daniel Rodríguez, de la secretaría de Juicios Originarios – Corte Suprema de Justicia de la Nación; Alejandro Otero, contador público, magister en Administración Pública y asesor en la AFIP y; Silvio Robles, director General de la Vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Dichos testimonios se centraron en la disputa por los fondos de coparticipación.
En primer término, respondió las preguntas de los diputados Alejandro Otero, quien participó del debate en el Senado de la Nación, en 2020, sobre el proyecto del Ley 27.606 de transferencias de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires. Allí, explicó que “el contexto que se fijó el porcentaje del 1,4 fue el de la salida de la crisis del 2001”. “En el decreto 194 no surge cuál es el fundamento del incremento del porcentaje de coparticipación de la Ciudad; en el posterior, el 399, se detalla que el incremento correspondía al servicio de seguridad”, especificó.
En ese sentido, sostuvo que “en la cautelar de la Corte Suprema no se conoce el cálculo para la obtención del coeficiente del 2.95, donde no se altera la coparticipación secundaria, pero sí fija, mediante un fallo, algo que tiene que ser fijado por ley”.
“Me sorprendí cuando se publicó el decreto 194 y toda la discusión posterior porque faltaba un elemento, a mí juicio, sobre todo en una cuestión como esta, que era la estimación del costo, en tanto se habla de una reasignación de recursos es indispensable y esta no aparecía”, aclaró Otero. Por último, instó a que se discuta en el colectivo del federalismo fiscal argentino “cómo vamos a discutir los recursos para seguridad” y ver en base a qué criterios “a quién le corresponde más o menos”, señaló.
Por su parte, Alejandro Daniel Rodríguez, de la secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, testificó cómo intervino la Secretaría en el trámite. “Desde el inicio de la causa con la actuación que habitualmente la secretaría tiene que es recibir las demandas, ponerlas en conocimiento de los Ministros y cumplir con los trámites procesales habituales, la remisión de los expedientes a la Procuración y las providencias de trámite que habitualmente se cumplen en este tipo de causas”, sostuvo.
En relación a la resolución de la cautelar dijo que “la secretaría no tuvo intervención, fue decidida por los jueces en su vocalía”. “Hubo dos audiencias de conciliación en al ámbito de la secretaría y comparecieron la dirección letrada del Ministerio de Economía de la Nación; el Procurador de la Ciudad de Buenos Aires; algún funcionario de la Ciudad; y algún colaborador mío de la secretaría”, puntualizó. Y prosiguió: “Fue una instrucción del tribunal convocar a las partes para que les explicara que la Corte podía ser el ámbito de negociación. Fue el único propósito de la convocatoria”.
Ante las consultas sobre la situación actual de las causas, el testigo afirmó que “están en la secretaría, se han efectuado presentaciones pero no tiene decisiones desde el 21 de diciembre de 2022. Con posterioridad a la medida cautelar hay un pedido de revocatoria por la medida cautelar y hay una recusación a los jueces del tribunal. Está pendiente de resolver eso. Con lo cual la secretaria informa las presentaciones”, aseguró el funcionario judicial.
En tanto, el testigo Silvio Robles fue indagado en torno a su supuesta presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente por el tema coparticipación y los chats filtrados entre él y el ex ministro de seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro en donde supuestamente negociaban el fallo de la Corte a favor de la Ciudad.
Previamente, el funcionario leyó un escrito en donde “aclaro que desde la Comisión algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos sobre la base de calumnias, fantasías e injurias”. A su vez, se amparó en artículo 18 de la Constitución Nacional ante reiteradas consultas de la Comisión: «No me amparo solamente en disposiciones legales. Ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron e inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales», sostuvo.
Además- sobre su relación con Rosatti- dijo: “Tengo una relación funcional. Lo conozco cuando fue Ministro de la cartera de justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico, es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”.
Ante preguntas sobre su función judicial expresó “Era responsable de comunicación inicialmente y después lo estuve acompañando en las distintas actividades que el Dr. Rosatti indicaba, como por ejemplo, las cuestiones de la Superintendencia”. Además, aclaró que era secretario no letrado desde 2016. “Soy uno de los secretarios de Rosatti. No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”, declaró.
“Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El Artículo 8-Inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”, contestó respecto a las consultas sobre supuestas directivas que dio sobre el fallo coparticipación.
Frente al interrogatorio acerca de su relación o si “conocía a D’Alessandro”, el funcionario testificó que «hay cuestiones que están judicializadas. Me amparo en art. 18 sobre esa pregunta». «No soy abogado, vine como testigo. Son las causas donde hubo denuncias que son públicas y causas en trámite pero no recuerdo la carátula, ni número», atestiguó ante la objeción del diputado Rodolfo Tailhade que pidió que las enumere y aseguró que “no tenía tiene ninguna denuncia penal para ampararse en ese artículo”.
Robles también invocó el artículo 18 a partir de las preguntas en base al testimonio de Héctor Marchi, exadministrador de la Corte, quien lo acusó de ocultar a los demás miembros de la Corte el cuarto informe de auditoría sobre las presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial durante la gestión del interventor Mariano Althabe, designado por Rosatti.
En el inicio de la jornada, la presidenta de la Comisión aclaró que Marcelo D’Alessandro fue convocado a la Comisión del día de hoy pero pidió reprogramar su presencia para futuras reuniones “por cuestiones personales”.
Asimismo, la Comisión votó afirmativamente citar al secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Federico Di Lorenzo; un pedido de circulación del expediente a la Corte del fallo de la coparticipación federal; y un careo entre Silvio Robles y Héctor Marchi, ex administrador de la Corte; el relevamiento del secreto que establece el artículo 8 inciso B de la justicia nacional sobre guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales; y un pedido del acto administrativo de designación de Robles.
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