El interés original del Gobierno es que esta vez no suceda como el año pasado, que de los 18 temas incluidos en el temario no pudo lograr el tratamiento de ninguno de ellos. En esta ocasión se espera que no suceda algo así, aunque a priori el oficialismo se encuentra con un obstáculo complicado: la decisión de la principal oposición de no tratar ninguno de los temas propuestos por el oficialismo mientras persista el embate del Frente de Todos contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Precisamente ese tema es el principal de los 27 propuestos por el Ejecutivo. A pesar de que a priori no cuenta con posibilidades de avanzar en la Comisión de Juicio Político, más allá del dictamen acusatorio que se descuenta obtendrá. Pasa que el paso posterior que necesitaría el FdT en el recinto consiste en una votación exitosa de nada menos que los dos tercios, y está claro que no tiene esos votos.

Los temas judiciales abarcan buena parte de ese temario anunciado por el Poder Ejecutivo. Más allá del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, se ha incluido el tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador General de la Nación. Esto es, la designación del juez Daniel Rafecas, anunciada por el presidente Alberto Fernández en los albores de esta gestión, mas sin que nunca se iniciara el tratamiento de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Otro tema clave es el proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto obtuvo media sanción del Senado el 7 de abril del año pasado, por 37 votos a favor y 33 en contra. De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

Otro tema que fue aprobado en el Senado, mas su tratamiento no avanzó en Diputados es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Se aprobó el 22 de septiembre del año pasado por 36 votos a favor contra 33 negativos. El proyecto eleva de 5 a 15 el número de integrantes del Máximo Tribunal, con paridad de género. Ahora este tema está incluido en el temario previsto para ser tratado este verano en la Cámara baja.

Hay una agenda de temas que le interesa particularmente al ministro de Economía, Sergio Massa. En primera línea se encuentra el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que está bastante consensuado en comisión, pero no alcanzó a lograr aún dictamen.

Pero más allá de este tema que en su momento Massa ubicó como prioritario, primero en la grilla de las expectativas del expresidente de la Cámara baja figura el proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. Hablamos del blanqueo de capitales, que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país. De eso habló Massa en su momento, cuando dijo que esperaba su tratamiento en extraordinarias. En rigor, él hubiera querido/necesitado que saliera en diciembre, pues el texto en cuestión -según lo que ha alcanzado a conocerse- incluye fechas de vencimientos como si se tratara de una ley ya vigente a partir del 1° de enero. Sus primeros vencimientos operan a fines de marzo.

Otra ley cuyo tratamiento venía sobre rieles era la reforma referida al lavado de activos. Figura en el temario como proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

El proyecto venía teniendo un tratamiento ágil en la Cámara baja, y tal era el interés oficial en que el proyecto saliera, que durante una reunión informativa realizada por las comisiones de Legislación General y de Finanzas, la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por su titular, Juan Carlos Otero, aceptó los cambios a la redacción del texto sugeridos por la oposición. Fue “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, señaló Otero en la reunión celebrada el 30 de noviembre.

Fue en vísperas de que todo se rompiera en la Cámara de Diputados. Al día siguiente fueron las fallidas sesiones en Diputados en las que ni siquiera pudieron votarse las autoridades y la sesión especial prevista para después terminó en escándalo. Los puentes habían estallado con el tema de la designación de representantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura. En busca de sacar el dictamen, se organizó un plenario para el 20 de diciembre pasado, pero fue suspendido por el sorpresivo feriado dispuesto por el Gobierno nacional para saludar a los campeones mundiales. Ahora ese tema es otro de los que esperan ser tratados en este período extraordinario.

Entre los proyectos que no tienen texto conocido aún está el que modifica el Sistema Estadístico Nacional. Lo impulsa el propio Sergio Massa y han trascendido detalles del mismo, que pretende adaptar la producción estadística a las nuevas prácticas internacionales y modifica la naturaleza jurídica del INDEC como un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional. En la lista publicada en el Boletín Oficial este viernes, figura en el número 26°.

Un escalón después, como última iniciativa propuesta para discutir este verano, aparece el proyecto de ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. No se dan detalles allí, pero se trata del Monotech, una iniciativa que apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera.