En primer lugar, Diputados aprobó con 227 votos positivos, 2 negativos y 3 abstenciones, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, con el objetivo de ampliar el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

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Desde el Frente de Todos, el diputado Lucas Godoy señaló que “esta norma busca ampliar de 4.416 a 5.687 barrios; prorrogar la suspensión de desalojos por 10 años; declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por el plazo de 2 años; e incorporar la perspectiva de género”. “Esto es una política pública”, resaltó.
Por su parte, el diputado Fabio Quetglas (UCR) indicó: “Hay aproximadamente 5 millones de argentinos que viven en la informalidad urbana, y esto no sólo se relaciona con la pobreza sino también con la falta de crédito”. “No hay hábitat popular de calidad sin crédito y sin moneda no hay crédito”, aseveró, al tiempo que consideró: “Debemos generar condiciones económicas y sociales de integración futura”.
En tanto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) expresó: “La cara más fuerte de la desigualdad es la vivienda, el hábitat”. “La asignación universal por hijos y este registro de barrios populares son las dos políticas de Estado que tiene nuestro país”, reflexionó.
La diputada del Pro, Silvia Lospennato, ponderó la norma y destacó: “Esta es una ley que se promovió en el gobierno de Mauricio Macri y fue mejorada por la actual presidencia de Alberto Fernández”. “Este proyecto fue aprobado por unanimidad en un plenario de tres Comisiones. Reconocernos todos como partes de esta política”, reflexionó.
En tanto, Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, expresó su apoyo a la ley. «Tomamos aspectos progresivos de esta ley permite acceder a proyectos de infraestructura, el acceso a cloacas, energía eléctrica, agua potable. Da la posibilidad de que los terrenos puedan considerarse de utilidad pública para los vecinos y lo más importante es la prórroga por los desalojos”, dijo. A su vez criticó “más viviendas y menos FMI”.

Además, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que “declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble popularmente conocido como ´República Cromañón´”. Fue por 207 votos afirmativos, lo que significó el acompañamiento unánime de todos los presentes.
La iniciativa fue elaborada por sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón, y establece que el inmueble de Cromañón será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004.
Según los fundamentos de la norma, el predio ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es “solamente un lugar físico, sino sobre todo una masacre, un crimen social en el que murieron al menos 194 personas, la gran mayoría jóvenes, y sufrieron traumas físicos y psicológicos miles de sobrevivientes”.
El diputado Hernán Pérez Araujo (FdT) reivindicó que la iniciativa “fue suscripta por miembros de prácticamente todos los bloques del Congreso”. “El proyecto es producto del trabajo de las organizaciones de víctimas, sobrevivientes y de familiares de víctimas fatales, del hecho más luctuoso de nuestra historia democrática reciente”, explicó.
“El Estado debe hacerse cargo no sólo de la reparación material, sino que también tiene que hacerse cargo de la reparación simbólica”, añadió.
En tanto, la diputada María Lujan Rey (PRO) recordó que “tienen que ocurrir hechos que nos sacudan, que con el dolor que nos causan nos dejen ver lo que nuestra distracción cotidiana no nos permite: eso pasó el 30 de diciembre de 2004”.
La diputada Romina Del Plá (PO-FIT- UNIDAD) consideró que “ha llevado mucho tiempo para los familiares y sobrevivientes llegar hasta acá, ha sido un largo camino de lucha”. “Convertir a este espacio es un paso más en este proceso de lucha”, dijo.

Durante la sesión especial, se aprobó además el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se introducen modificaciones a la ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica con 223 votos positivos y 3 negativos. El proyecto será girado al Senado. Se trata de una serie de modificaciones destinadas a lograr beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas, piezas fundamentales en la economía nacional.
El miembro informante de la iniciativa fue Carlos Heller (FdT), quien explicó que “el objetivo es reactivar el instrumento de crédito fiscal para los proyectos tecnológicos de inversión, desarrollo e innovación”.
En tanto, el diputado Facundo Manes (UCR) explicó que “la ley es uno de los pilares de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e investigación”. Asimismo, consideró que las modificaciones impulsadas “son necesarias y constituyen solo una parte de las mejoras que requiere nuestro sistema de investigación e innovación”.

Por otra parte, se dio media sanción al proyecto por el cual se modifica el artículo 2º de la ley 23.789, telegrama y carta documento gratuitos, extendiendo la gratuidad a los derechohabientes de los trabajadores que deban comunicar una situación al empleador y/o a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Asimismo, se convirtió en ley la iniciativa por la cual se sustituye el artículo 1º de la ley 27.047, sobre declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti” o “Casa grande”; así como también, logró aprobación el proyecto de modificación del nombre del Parque Nacional Traslasierra por el de Parque Nacional Pinas, ubicado en la provincia de Córdoba.

En tanto, el proyecto de ley venido en revisión del Senado de la Nación por el que se modifica el artículo 20 de la ley 20.655, de Deporte, sobre asociaciones civiles deportivas superiores, también obtuvo respaldo de la Cámara baja.

En otro sentido, se aprobó la iniciativa que establece la obligatoriedad de ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la República Argentina, en los que participen equipos de primera división de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Al inicio de la sesión, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz (FdT), quien asumirá este jueves como ministra de Desarrollo Social. En su lugar juró Micaela Morán, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación.

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