Productores agropecuarios lograron dar un paso más este martes 14 de julio, en sus reclamos por un mejorbestsfo de los caminos rurales.

Las pantallas del sistema de notificaciones electrónicas de la Suprema Corte bonaerense confirmaron lo que en los campos del partido de Azul se venía esperando como agua en plena sequía: la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó el recurso de la municipalidad y dejó firme la condena que la obliga a abrir sus números contables ante los contribuyentes.

La causa, caratulada «Aguilo Maria Luz y otros c. Municipalidad de Azul s. ampara» (Causa A-17145-AZ0E), había tenido una primera sentencia favorable el 31 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal de Trabajo de Azul.

La intendencia, buscando ganar tiempo, apeló la medida aduciendo que la exigencia de los productores afectaba la división de poderes y que los peticionantes carecían de un “interés legítimo” para demandar al Estado municipal.

Sin embargo, la resolución firmada por los jueces Diego Fernando Ucín y Roberto Daniel Mora pulverizó la estrategia de la comuna.

Ahora, el intendente, Nelson Sombra, dispone de un plazo improrrogable de 45 días hábiles para poner a disposición de los 19 amparistas toda la información presupuestaria, matrices de costos y balances vinculados a la recaudación de la tasa vial rural.

El derecho de saber adónde van las tasas

El fallo de los magistrados marplatenses es contundente a la hora de fundamentar que el acceso a la información del Estado no requiere de justificaciones extraordinarias por parte del ciudadano.

Según los jueces, la información pública no pertenece al gobierno de turno sino a la comunidad entera, basándose en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y tratados internacionales de jerarquía constitucional.

Los jueces Ucín y Mora destacaron en sus fundamentos que el accionar de la Municipalidad de Azul, al dejar vencer los plazos administrativos sin entregar los datos solicitados, configuró una “negativa tácita e injustificada” que habilitó la vía del amparo judicial.