Tras la fuerte quejas de varias provincias, el ministro del Interior, Guillermo Francos, informó que el Gobierno nacional hará cambios en la Ley ómnibus que mandó al Congreso en el apartado que se refería a la pesca.

La decisión fue anunciada tras un encuentro de Francos con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quienes se habían reunido con el ministro para pedirle modificaciones ya que creían que la normativa afectaba al sector y a varias provincias y municipios.

De acuerdo a la visión del funcionario nacional, hubo una interpretación errónea de las reformas planteadas por el proyecto que comenzará a ser debatido la próxima semana en el Congreso.

“La ley que enviamos al Congreso tiene un capítulo especial sobre la problemática de pesca, la forma de encararla de este Gobierno, que ha generado algunas dudas en el sector, se han reunido las cámaras y los gobernadores e intendentes que tienen que ver con la pesca. Nos han traído la preocupación de las cámaras del sector, y convenimos que el espíritu de la reforma de la ley es muy claro, se había generado alguna confusión con el tema de las 200 millas. Está claro que para el gobierno las 200 millas son de pesca nacional y también está claro que hay que hacer algunas modificaciones y proteger a la pesca nacional en las 200 millas, por lo cual hemos hablado con los ministros de Seguridad y Defensa”, reconoció Francos.

Los reclamos de los gobernadores patagónicos se centraban en tres ejes específicos: la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos; la competencia desigual en la asignación de cupos de captura generada por la modificación del Artículo 27° del Régimen de Pesca; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, que constaba en el Artículo 40° de la misma ley y establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.

Para los mandatarios del sur, ese combo representa un golpe de muerte para un sector que, en 2022, cosechó exportaciones por casi US$ 2.000 millones. En Mar del Plata estiman que el impacto alcanzaría los 35 mil puestos de trabajo.

“Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la Ley y proponer las reformas que sigan a este proyecto de Ley para tener un proceso de pesca más claro”, dijo Francos en rueda de prensa en Casa de Gobierno, luego de reunirse con Torres y Montenegro.

En ese contexto, completó: “Quedamos en armar una mesa para poder plantear todos los temas que hacen al sector, particularmente a lo que hace a los estados provinciales y al Estado nacional. La pesca es un recurso de los argentinos y los argentinos no reciben lo que deben recibir. Tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer la actividad pero que paguen por la actividad. Lo que pagan las empresas pesqueras no es lo que deberían”.