La Cámara de Diputados volverá a sesionar el próximo 26 de octubre, tras el acuerdo alcanzado este viernes entre los jefes de la mayoría de los bloques de la cámara para avanzar con un temario consensuado que incluye el proyecto de ley de etiquetado de alimentos, el que contempla políticas para personas en situación de calle, el de beneficios para el sector viñatero, la denominada Ley Ovina y la cesión de una serie de inmuebles de Nación a municipios.

Tras una serie de reuniones entre los principales referentes parlamentarios del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del resto de los bloques minoritarios desarrolladas en los últimos diez días, finalmente se saldaron las diferencias que hicieron fracasar la sesión prevista para el pasado martes 5.

Ese día, el oficialismo, con algunos aliados, reunió 122 diputados en el recinto para tratar un temario elaborado sin consulta con otros bloques y en el que se destacaban la ley de etiquetado de alimentos, que ya tiene media sanción del Senado, pero si no se vota en diputados antes de fin de año, perderá estado parlamentario.

La oposición argumentó ese día su ausencia en el desacuerdo con las formas en las que el Frente de Todos convocó a la sesión, además de pedir que se incluyera el proyecto de la Ley Ovina en el temario.

El plenario de la Cámara sesionó por última vez el 8 de julio con el informe del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y en cuanto a tratamiento de proyectos, hay que remontarse una semana más atrás en el tiempo, al 1 de julio.

La ley de etiquetado frontal de los alimentos propone “la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías”; así, “los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños”.

También busca proteger a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares y determinar que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin sellos de advertencia.