A raíz de la demora del Estado en proveer las estampillas y tarjetas utilizadas en la recarga y fabricación de matafuegos, el diputado bonaerense del FAP, Abel Buil, le solicitó al Ejecutivo que regularice a la brevedad la situación y lleve a cabo un relevamiento de todos los matafuegos distribuidos en toda la provincia, en lugares públicos y privados.

A través de un proyecto, el vicepresidente II de la Cámara Baja instó al Estado a que “cumpla con la facultad de controlar las medidas de seguridad e higiene y sea eficaz en lo que respecta a la seguridad de la población y de los bienes inmuebles de la provincia”.

Los matafuegos deben acreditar su vigencia y carga actualizada mediante una estampilla que el Estado debe proveer, por lo que se afirma que “si es el OPDS el Organismo controlador de medidas de seguridad, es inconcebible que se vea limitada su autoridad, por ser precisamente quien debe proveer los instrumentos que acreditan la vigencia de dichas medidas”.

También es de público conocimiento que el problema afecta a las escuelas, cuyos matafuegos no cuentan con las estampillas actualizadas, desamparando la seguridad de la comunidad educativa.

Por último “se solicita la pronta regulación de la situación y la entrega de las estampillas, para acreditar la vigencia y la carga actualizada de los matafuegos, cuya negligencia atenta contra la seguridad de la población”.