Once expositores se pronunciaron a favor de la modificación de la ley de semillas y creaciones filogenéticas. En general, apoyan un fortalecimiento del Inase, como único organismo controlador y el pago único en la semilla. Las diferencias están en la declaración de orden público y el uso propio oneroso.

Con la presencia de una veintena de diputados, Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), titular de la comisión de Agricultura, acompañado por los dos vicepresidentes, Juan José Bahillo (Justicialista-Entre Ríos) y Luis Basterra (FPV-PJ-Formosa) dieron inicio al debate de semillas. Benedetti se mostró auspicioso de “poder lograr un dictamen, luego de escuchar las exposiciones”.

También lo acompañaba Daniel Lipovetzky (PRO-CABA), presidente de la Comisión de Legislación General, segunda competencia en el debate de semillas. Sólo estaba ausente con aviso, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe), quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, última instancia de revisión del proyecto.

Jorge García, Subsecretario de Agricultura de Chaco abrió la ronda de exposiciones y señaló que en su provincia existen seis cultivos prioritarios, pero el algodón es el de mayor importancia económica. Pero, enseguida reconoció que existe un atraso tecnológico: el Inta creo la mayoría de las variedades, pero al introducirse transgénicas, éstas fueron desplazadas del mercado y no hay renovación genética desde hace 17 años. Por eso planteó el apoyo al cobro del derecho del obtentor para incentivar mayor inversión y programas de mejoramiento. “Con esta nueva ley, el Inta se va a ver beneficiado”, concluyó el titular de la cartera agro chaqueña.

Se abrio el debate por una nueva Ley de Semillas en Diputados

A continuación, en representación de Confederaciones Rurales Argentinas, José Basaldúa, apoyó una modificación general de la ley de semillas. La propuesta reconoce la excepción del fitomejorador, la excepción del agricultor para quien reserva y siembra semilla para propio uso, en un volumen igual a la semilla fiscalizada originalmente adquirida –queda exceptuados los productores que hayan facturado menos de tres veces el monto de la categoría más alta del monotributo y Pueblos Originarios-y la excepción del consumo para el agricultor que usa y/o vende el producto obtenido.

También postuló el cobro de la propiedad intelectual, integralmente en la semilla (no se traslada a los granos); declarar la ley de orden público; el Inase como único organismo de control; herramientas fiscales que fortalezcan las creaciones filogenéticas y el uso de semilla fiscalizada. Por último, Basaldúa postuló una reducción al 50% de la alícuota del IVA y una deducción especial en el Impuesto a las ganancias, por la compra de semilla fiscalizada.

Desde Coninagro, Egidio Mailland reconoció la importancia de avanzar con la modificación de la ley de semillas: “Si no levantamos la vara, vamos a estar en serios problemas”, aseguró el vicepresidente. Luego señaló la importancia de invertir en tecnología que significa un avance económico para los pequeños y medianos productores, que además, sea amigable con el medioambiente.

Apostó a una nueva ley que contemple un método sencillo, el pago por la tecnología, en un marco legal adecuado y un Inase dotado de herramientas para el control. “Se puede convivir con un sistema de contratos con las empresas y no hay que tener miedo”, dijo, haciendo referencia al orden público y también apuntó a las patentes: “La responsabilidad de control es del Estado”. Para terminar aseguró que “ningún semillero le va a vender algo que el productor no quiera comprar”, resaltando la libertad del productor de elegir si compra o no.

Por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo E. Schrauf, apuntó a crear un  fondo para financiar programas de mejoramiento estratégicos, decidido en forma participativa con los productores. También propuso que el productor tenga la libertad para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, que sólo debería ser limitado para evitar el monocultivo. Para terminar señaló que una nueva ley de semillas debería tener diferentes instancias de debate, incluyendo debates regionales.

Por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Adrián Vera, propuso pensar la ley de semillas en clave de “economía verde”: la investigación y desarrollo que permita obtener el mayor rendimiento con el menor ataque al medioambiente. Aceptó el uso propio limitado, al igual que la propiedad intelectual.

Desde la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, apoyó el cobro de regalías en la bolsa de semillas, el uso propio acotado, el Inase como único organismo de control y una ley de orden público.

Julián Echezarreta, gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas, a diferencia de sus antecesores, aseguró: “No estamos insatisfechos con la ley actual”, ya que consideraron no quedar afuera del negocio mundial por no modificar la ley. Sin embargo, hicieron su propuesta de los principales puntos en debate: mantener el uso propio; aceptar el sistema de regalías; aceptar uso propio oneroso; el pago único (tecnología y germoplasma); la determinación de variedades; más y mejor control estatal; el reconocimiento de la operación necesaria de semilleros multiplicadores y no consideran necesario la declaración de orden público.

Desde Gensus, el único criadero de semilla fiscalizada de algodón del país, aseguraron: “Estamos perdiendo la carrera de la producción de alimentos” y compararon el modelo brasilero de producción de algodón. En el país carioca existen 11 eventos biotecnológicos, 6 criaderos y 45 variedades, mientras que en Argentina son sólo 2 eventos, 1 criadero (Inta) y 4 variedades. Según informaron, en Brasil producen dos mil dólares más por hectárea de algodón que en Argentina, dinero “que estamos regalando”.

Para terminar, desde Gensus aseguraron que el principal beneficiario de la regularización del mercado, es el productor, ayudado por un Inase fuerte, con capacidad de tomar decisiones. “Necesitamos inversiones en genética”, al mismo tiempo que reconocieron que el gen del algodón en el país es de 18 años de edad. “El Inta necesita que se le reconozca su esfuerzo: tiene lo mejor y lo único que le dejamos poner es algo viejo y perimido que no se usa en el mundo”, concluyó.

A continuación, por los multiplicadores, desde la Cámara Argentina de Semillero Multiplicadores, propusieron el libre acceso a los cultivares; que el obtentor permita la novedad; una ley de orden público; un Inase como único organismo fiscalizador; pago único en la bolsa de semillas y el uso gratuito limitado para micropymes.

Desde la Cámara Argentina del Maní, Eduardo Nervi, Vicepresidente apoyó cuatro principios generales: no declarar la ley de orden público, para incentivar el desarrollo de cultivos a través de entidades público privadas; el pago por la propiedad intelectual, para remunerar a las empresas que desarrollen nuevas variedades; el uso propio limitado y la fiscalización a cargo del Inase. Para terminar apuntaron a la falta de nuevas variedades: no hay novedad hace 20 años y pierden frente a Estados Unidos y Brasil. “Necesitamos tecnología para seguir produciendo”, dijeron.

La última exposición estuvo a cargo de la Federación de Acopiadores. Armando Casallins señaló la adhesión al acuerdo de consenso que firmaron distintos actores en diciembre de 2017: uso propio oneroso, fijar regalías para las próximas tres campañas, la excepción para el pequeño productor y los pueblos originarios, pago único y mayor control del Inase.

El cierre estuvo a cargo de Atilio Benedetti, que agradeció a los presentes y los convocó, nuevamente, para el martes 2 de octubre, a la segunda jornada de debate.