La toma de terrenos es un tema que divide al oficialismo, incluso, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos han protagonizado peleas televisadas sobre el tema en el que se culpan unos a los otros por esta problemática que parece imparable y fuera de control. Muchos señalan con el dedo a las organizaciones sociales, que apañadas por propios líderes del kirchnerismo, actúan con total impunidad y han hecho de la toma de terrenos un negocio mafioso inmobiliario. Sin embargo, ahora una investigación periodística reveló que Fernando Espinoza y Verónica Magario estarían detrás de algunas tomas, a cambio de votos provenientes de ciudadanos paraguayos. 

Se trata de una investigación periodística de Manuel Jove, para el portal Data Clave, que asegura que la  «Agrupación Peronista Paraguaya» de La Matanza, que responden a Fernando Espinoza y Verónica Magario, tiene relación con la toma de terrenos.

La investigación explica la relación que hay en la organización llamada Primera Agrupación Peronista Paraguaya de La Matanza (PAPPEM) y entre los terrenos tomados sobre la Ruta 1001, entre Rafael Castillo y González Catán, que son propiedad de la empresa eléctrica Edenor y de la Municipalidad de La Matanza.

«En el medio de esos dos predios ocupados de hay un local partidario. Es la unidad básica de la Primera Agrupación Peronista Paraguaya de La Matanza (PAPPEM), espacio que apoyó a Fernando Espinoza en su carrera electoral hacia la intendencia y a Verónica Magario, entonces jefa comunal, como candidata a Vicegobernadora de Axel Kicillof. La sede política está ubicada en la entrada del barrio Rodolfo Walsh, creado en 2010 a través del Plan Federal de Viviendas», explica el periodista en su investigación.

Asimismo, explicó que cara a las elecciones del año pasado, la agrupación PAPPEM ofrecía el servicio de empadronamiento para ciudadanos nacidos en Paraguay y residentes en La Matanza. «Si sos paraguayo y nunca votaste podés traer tu fotocopia de DNI y empadronamos», proponían desde la agrupación en los folletos que repartían en mano y virtualmente.

«En la zona de Rafael Castillo aseguran que esa gestión se traducía en colaboración para llegar a una parcela en alguna de las usurpaciones antes mencionadas. Los convocaban a empadronarse y a votar con la promesa de tierras y los llevaban a invadir los predios de la Ruta 1001», detalla la investigación.

Y agrega: «Les dijeron que nadie los iba a sacar de ahí -de los terrenos- y cuando hubo desalojo por orden judicial los ayudaron a volver. Fuentes judiciales a cargo de la investigación por la usurpación confirman que los primeros en llegar fueron, efectivamente, ciudadanos de nacionalidad paraguaya».

Por otro lado, la investigación detalló que la PAPPEM cumplió también una función social. «Organizó, con la colaboración del Municipio, un comedor y un merendero para los menores que viven con sus familias en las tierras usurpadas», dice la investigación.

Además repartieron colchones para las casillas y ropa de abrigo en invierno, actividades siempre promocionadas en sus redes sociales. También aportaron su colaboración para el tendido irregular del cableado de luz.

Por último, el periodista explicó que esas tomas de la 1001 se convirtieron, tiempo más tarde, en un negocio inmobiliario.

«Se realizó un loteo informal y las parcelas que originalmente se dividieron entre los primeros en llegar se vendían por 50, 60 y 70 mil pesos, según el tamaño y la ubicación. Lo más insólito: se podía acceder a estas ofertas incluso a través de publicaciones en grupos de compra venta de Facebook. Hoy, después de reiterados intentos fallidos de desalojo, el proyecto de bienes raíces sigue funcionando», sentenció.

Fuente: Urgente 24