Tras el tratamiento en el HCD

Ley de Responsabilidad Fiscal: Posición del Concejal Juan Pablo Parise

La adhesión por parte del Municipio de 9 de Julio a la Ley de Responsabilidad Fiscal o más conocida como “Consenso Fiscal” trae más perjuicios que beneficios.

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En primer término este llamado “Consenso Fiscal” que la verdad, de “Consenso” tuvo muy poco, porque vimos claramente cómo se impusieron a través de la coacción e intimidación un paquete de reformas: Fiscal, Impositiva y Previsional, a los Gobernadores; para que estos presionen a los legisladores de sus provincias para que den cuórum en las legislaturas Nacionales. Este paquete de leyes aprobadas a los ponchazos tuvo un único objetivo: desfinanciar la seguridad social (ANSES) de nuestro país en $100.000 millones de pesos.
Este dinero que se va a utilizar para tapar el agujero fiscal, será distribuido entre los Gobernadores que aceptaron y adhirieron a dicho pacto fiscal. La Provincia de Bs.As, recibirá de ese monto, unos $40.000 mil millones de pesos en 2018 y $65.000 mil millones en 2019, en compensación con los 6,5 puntos de coparticipación que cedió en 1985 y con los otorgados con el Pacto Fiscal de 1992.
De esos $40.000 mil millones que recibiremos los bonaerenses en 2018, la Gobernadora Vidal los distribuirá entre los municipios. Nuestro partido recibirá $18.797.763 millones.

Las preguntas que nos tendríamos que hacer son: ¿De dónde sale esta plata? ¿Nuestro partido se perjudica o se beneficia?
Esta plata es la que perdió la seguridad social en nuestro país, nuestros jubilados, pensionados, discapacitados, los veteranos de Malvinas, nuestras madres, niños, quienes cobran la AUH, en fin, los sectores más sensibles de nuestra sociedad. 9 de Julio perderá por la no actualización en el sistema previsional $100 millones de pesos y en compensación recibirá esos 18 millones destinados a obras.

Estamos de acuerdo con que la ProvBs.As reciba los fondos que le corresponda, estamos de acuerdo con que se discuta sobre la Coparticipación. Pero no estamos de acuerdo con que estos fondos sean los que se le sacan a los que menos tienen y sean los que se le perdonen a los que más tienen. Por eso el Gobierno, en este paquete de leyes, les volvió a perdonar impuestos al complejo agro exportador minero, a las grandes industrias, a las empresas energéticas, a la riqueza, etc.
En efecto, en dos años de gestión, Macri hizo ganar:
1. 425.000 millones de pesos al complejo agroexportador minero, por quita y reducción de retenciones.
2. 418.000 millones de pesos a la especulación financiera, por exorbitantes intereses pagados.
3. 212.000 millones de pesos a las empresas energéticas, por los brutales tarifazos.
4. 100.000 millones de pesos a quienes blanquearon sus capitales evadidos.
5. 70.000 millones de pesos a los tenedores de dólar futuro.
6. 12.500 millones de dólares a los fondos buitres.
7. 4.000 millones de dólares por condonación de deudas tributarias a corporaciones amigas, entre otras prebendas.

Aquí están los recursos de coparticipación que se podrían devolver a la Provincia. Pero La Política es tomar decisiones, y la sociedad Macri-Vidal-Barroso tomaron la decisión de sacarle a los que menos tienen y darle más a los que más tienen.
No engañemos a los vecinos. Macri y Vidal le van a quitar a nuevejulienses cuyos derechos constitucionales son afectados, mucho más de lo que recibirá la Tesorería Municipal. Además de perjudicar a los sectores más desprotegidos, el Consenso Fiscal significará para nuestro distrito, una cuantiosa pérdida neta de recursos.
Esta adhesión por parte nuestro Municipio a la Ley 14.984 bajo los conceptos de armonización, consenso, de ordenar las cuentas municipales, de la transparencia, en realidad lo que busca es la concentración de todos los recursos en unas solas manos, la de la Gobernadora Vidal.

Pero que es lo que dice esta ley, que atenta contra la autonomía de los municipios, que el Gasto Corriente no puede crecer más que lo que crece el PBGEO (Producto Bruto Geográfico), tiene que haber una ecuación del Gasto Corriente, no se puede contratar personal por sobre encima del crecimiento demográfico, uniformidad de tasas a un único esquema provincial, congelamiento del gasto corriente en términos reales, restricciones financiamiento de créditos internacionales, metas de endeudamiento, entre otras cosas.
Esto reduce los márgenes de maniobra política de los intendentes, porque limita los recursos para llevar adelante sus respectivas gestiones, por lo tanto deja con muy poca participación a la autoridad política.

Estas discusiones de pérdida de autonomía de los municipios, ya se vieron en tiempos pasados, cuando comenzó una lenta evolución jurisprudencial que culminaría con un fallo relevante en 1989: ‘Rivademar, Ángela Martínez Galván de c/ Municipalidad de Rosario’ […], en el cual la Corte Suprema, respecto de un municipio de una provincia que no reconocía en su Constitución la autonomía institucional, estableció que el municipio ‘tiene base sociológica constituida por su población’ y que la Constitución ‘asegura su presencia, lo que hace imposible su supresión’. Con ello los diferenciaba de los entes ‘autárquicos’ y reconocía que son entes ‘de naturaleza política, dotados de autonomía”.

Por eso la reforma constitucional de 1994 en el Artículo 123 dice: “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a la dispuesto por el Artículo 5º, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.
Quienes avalaron el despojo, deberían explicar las consecuencias del Consenso Fiscal en el distrito. El paquetazo de Reformas Previsional (el que más importa leCAMBIEMOS), Fiscal y la laboral, restarán recursos a las mayorías populares, y hará caer aún más el consumo, aumentará la desigualdad, la pobreza y la desocupación

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