Accidentes viales: Al sistema sanitario le cuesta el 2 % del PBI

Al daño emocional que sufren familiares y víctimas de incidentes en el tránsito, se le suma el enorme impacto económico para el país y su sistema público

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Son, según la Organización Mundial de la Salud ( OMS), más de 1.2 millones las personas que mueren cada año en siniestros de tránsito. La mayoría, un 60 %, de entre 15 y 44 años. Y más de 50 millones, sufren lesiones graves.

Los accidentes viales son, así, la principal causa de muerte prematura y discapacidad física en jóvenes de entre 15 y 29 años. Sin embargo, tal como señala el informe Estrategia de Seguridad Vial. Resultados del primer quinquenio y plan de acción 2016-2020, esta epidemia «no recibe la atención social ni política apropiada y proporcional con la magnitud del problema público. En gran medida, se debe a que los esfuerzos para reducir los siniestros se realizan de manera descoordinada y aislada».

La economía también se lastima

La inseguridad vial, además de generar un dolor emocional inconmensurable en víctimas y familiares, también genera daños en los sistemas de salud y en la sociedad. Organismos internacionales estiman que cada año los accidentes de tránsito demandan unos u$s 518 billones. Es decir, entre el 1 % y el 5 % del PIB de cada país. Si la tendencia continúa, en 2036 el gasto anual ascendería a u$s 30 trillones.

En la Argentina no hay cifras oficiales, pero desde ISEV (Instituto de Seguridady Educación Vial), su director, Eduardo Bertotti, señala que, «imitando metodologías internacionales probadas en la confección de una matriz de costos básicos sociales derivados de los siniestros graves de tránsito», determinamos que en 2017 el gasto para nuestro país fue de no menos de u$s 9.170 millones (el 1.8 % del PBI). Allí se contempla lo que le cuesta a la sociedad incidentes graves «en forma directa y prácticamente inmediata».

Es decir, que restaría sumar otras cuestiones como lucro cesante, gastos derivados de la reparación o pérdida del vehículo, valores de reposición de infraestructura del entorno, costos de rehabilitación y pérdida de la expectativa laboral, así como los que se generan en trámites administrativos y legales. Bertotti aclara, entonces, que «el costo total -que incluye, además, a la inmensa cantidad de siniestros leves- supera ampliamente la cifra en entre 9 y 10 veces más».

Salud pública

Las lesiones generan múltiples trastornos financieros a nivel personal y familiar. También a la comunidad y, puntualmente, al sistema de salud, ya de por sí sobrecargado. Tal como enumera la OMS, se ocupan camas de hospital que escasean, se consumen recursos y se ocasionan importantes pérdidas de productividad y prosperidad.

Un informe de 2012 de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) señala que «durante las primeras 24 horas de ocurrido un siniestro de tránsito, sus víctimas consumen los mayores gastos en salud, donde ítems como traslados, atención de urgencia, transfusión, terapia intensiva, cirugía, traumatología, prótesis, neurología, sueros y medicamentos concentran gran cantidad de recursos económicos», a los que se suman los humanos y los tecnológicos que, además, no pueden ser aprovechados para otro tipo de urgencias o cirugías programadas.

También explica que la mayoría de las muertes se producen por heridas en el cerebro y en la parte pectoral del cuerpo, «que son exactamente las lesiones que los cinturones y dispositivos de retención de menores generalmente evitan».

Identificación de problemas y soluciones

Para disminuir estas cifras y salvar vidas, hay que conocer y actuar en factores de riesgo ligados a la exposición (un entorno propenso a los accidentes), a la incidencia (actitudes irresponsables, defectos en las vías, vehículos inseguros), a la severidad (falta de medidas preventivas), y a la recuperación de los heridos (falta de atención inmediata o de calidad).

Hay mucho para hacer como aplicar políticas y estrategias para proteger a los más vulnerables: peatones, motociclistas y ciclistas que son el 49 % de los fallecidos en accidentes viales, según la OMS. También realizar campañas para cambiar la percepción del riesgo de morir atropellado o en un choque, «ya que la gente cree que es mínima en comparación con la realidad», señala Marisela Ponce de León, del área Estratégica de Seguridad Vial del BID. En este sentido, Gador Manzano, especialista en Comunicación del BID explica que «las posibilidades de morir en un accidente de tránsito es una en 122 mientras que por un cáncer son una en seis y en un accidente aéreo, una en 205.552».

Como individuos, no habría que aceptar que se suban al auto más pasajeros que los que pueden usar cinturón de seguridad o niños sin sistemas de retención. Mientras que a nivel comunidad, es esencial trabajar en infraestructura, transporte, salud, policía, ciudadanos, medios de comunicación, ONGs y poderes del Estado.

Vehículos más seguros

El gobierno, además, debería exigir, tal como recomienda la ONU, que se fabriquen vehículos que cumplan con ciertos requerimientos y condiciones mínimas. «América Latina está atrasada 22 años con respecto a Europa en función de las normativas de seguridad de los autos», ya que no hay gobiernos latinoamericanos que hayan firmado los acuerdos que establece la ONU, explica Alejandro Furas, secretario general de Seguridad Vehicular Latin NCAP, la ONG que trabaja en la evaluación de vehículos nuevos.

Vale aclarar que la ONU establece normas en función de lo mínimo que se precisa para tener sobrevida ante una colisión; mientras que NCAP, lo hace en función de que los ocupantes mantengan su integridad física.

Hoy las automotrices puede comercializar el mismo modelo en España que en Argentina, aunque con medidas de seguridad y materiales diferentes. Esto, seguramente, es uno de los tantos factores que hacen que en el Cono Sur se produzcan 21 muertes cada 100 mil habitantes mientras que, en Europa, se reduce a tres.

También hace falta legislar -y controlar que se cumplan las normas- considerando factores de riesgo como velocidad y alcohol y uso de cascos, cinturones de seguridad y sistema de retención infantil. En Argentina hay una Ley Nacional de Tránsito que, sin embargo, no está vigente en todo el territorio porque, por ser un país federal, cada provincia puede o no adherirse a las normas que ésta propone.

Fuente: baenegocios

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